La exposición de fotografías que aquí se compendian conmemora treinta años de la firma del Tratado de Adhesión a las Comunidades Europeas, luego denominadas Unión Europea. Ocasión para acercar a los más jóvenes la génesis de las realidades en que están ahora instaladas sus vidas y para calibrar la magnitud de las transformaciones experimentadas, la libertad de movimiento adquirida y el cambio de intereses y horizontes producido en los más diversos ámbitos.
En ese periodo de treinta años, de los doce países miembros al adherirse España y Portugal se pasó primero a quince, con la llegada de Austria, Suecia y Finlandia en 1995; después a veinticinco, cuando el 30 de abril de 2004 se sumaban Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Letonia, Lituania, Estonia, Chipre, Malta y Eslovenia; a los que se añadieron Bulgaria y Rumania y, por último, Croacia, que da la cifra actual de 28.
Entre tanto, la firma del Acta Única creaba el mercado interior; surgía con el Tratado de Maastricht la Unión Económica y Monetaria, que derivó en una moneda única para los países del “eurogrupo”; y se sucedían los Tratados de Ámsterdam, de Niza y de Roma. Este último se firmaba en el Palacio del Capitolio el 29 de octubre de 2004, después de haber sido negociado en la Convención y en la Conferencia Intergubernamental con el ambicioso propósito de establecer una Constitución para Europa. Su ratificación fue acordada por trece de los veinticinco países miembros –en España mediante referéndum el 20 de febrero de 2005–. Pero el rechazo de franceses y holandeses al texto bloqueó el proceso.
España, recibida con recelo inicial, ha participado en todas estas transformaciones y ampliaciones como actor principal desde la firma solemne del Tratado de Adhesión en la tarde del 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid, donde se escucharon palabras del presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors, y de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I. El júbilo popular y los fuegos artificiales programados fueron suspendidos en señal de duelo por las víctimas del atentado etarra perpetrado a primeras horas de la mañana de ese mismo día.
Desde mucho antes habíamos cumplido nuestros deberes políticos, recuperado las libertades cívicas, establecido las instituciones democráticas y normalizado los procesos electorales. La transición española siguió un camino “de la Ley a la Ley pasando por la Ley” y describió la trayectoria de una peculiar ruptura pactada, basada en la invocación de la concordia. Transición convulsa para quienes la vivieron, pero tomada como inspiración y modelo en mu chos otros países que andaban empeñados en salir de regímenes dictatoriales para instalarse en la democracia. Aquí el espíritu de reconciliación y la ausencia de cualquier asomo de revancha acabarían culminando en la Constitución refrendada por el Rey Juan Carlos I el 27 de diciembre de 1978, aunque nada nos ahorrara los embates terroristas y golpistas.
La España inválida de Franco no salía en pantalla. Jean Monnet, al que es imposible considerar sectario, escribía sus memorias sin mencionar a nuestro país. Estábamos fuera de circulación. Pero intentos, los hubo. Entre los más notables figura el de la participación en el Congreso del Movimiento Europeo celebrado en Múnich en 1962, donde socialistas, democristianos y monárquicos liberales se unían en pro de la reconciliación y de la convocatoria de elecciones libres. Semejantes aspiraciones fueron descalificadas por el régimen como “el contubernio” de Múnich mientras las personalidades participantes se veían obligadas a optar entre el exilio o la deportación a las Islas Canarias. En definitiva, la Guerra Civil había terminado el 1 de abril de 1939 con la victoria de unos españoles sobre otros. Pero sólo cuarenta años después, con la Constitución de 1978, empezaba la paz y se avistaba la integración en la Comunidad Europea.
Se anticiparon algunas modernizaciones, cuyos efectos colaterales exacerbarían las contradicciones abiertas entre una economía deseosa de asentarse sobre bases de mercado y unas instituciones políticas cerradas de plano al pluralismo competitivo. El sistema franquista se averiguaba incapaz de prorrogarse más allá de la vida física del general en la cúspide. En todo caso, Europa se configuraba como el lugar geométrico de todas las soluciones a los problemas acumulados. Por eso se decía que “España es el problema; Europa, la solución”.
Hubo dificultades sin cuento en el proceso negociador con Bruselas desde sus prolegómenos, desde la llegada a Bruselas el 27 de julio de 1977 de Marcelino Oreja, ministro de Asuntos Exteriores, enarbolando la carta del Gobierno Suárez que pedía la apertura de negociaciones, hasta su apertura formal y la firma del Tratado. Buena idea dan de ellas los ocho años transcurridos y las cautelas y periodos transitorios que nos serían impuestos en materias muy diversas para atemperar la temida competencia que nuestras producciones o nuestra mano de obra pudiera significar. Los asuntos de toda índole se iban acordando con meticulosidad desesperante.
Al índice reconocido de temas de discusión se añadían otros, nun ca anotados explícitamente, que eran condición sine qua non. El primero, que España se mantuviera en la Alianza Atlántica. Continuidad que los socialistas, ganadores de las elecciones de octubre de 1982, habían prometido revisar en su programa mediante un referéndum. También cabe recordar la impaciencia subterránea que mostraban los negociadores comunitarios porque España estableciera relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. Ambos asuntos quedaron resueltos en el primer semestre de 1986, nada más tener lugar nuestro estreno como país miembro de la Comunidad Europea.
La incorporación a la Comunidad Europea de España representaba aportes muy relevantes en el ámbito de las relaciones exteriores por sus vínculos con Iberoamérica, con el Mediterráneo, con los países árabes y con África. Así se vio en la Conferencia de Madrid para la Paz en Oriente Medio, en 1991; en la Conferencia Euromediterránea de Barcelona, inaugurada el 27 de noviembre de 1995, donde
se encontraron el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yaser Arafat, y el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Ehud Barak; en las sucesivas Conferencias de San José, mediante las que la UE impulsaba la desactivación de las guerrillas centroamericanas; o en las Cumbres UE-América Latina.
Los españoles se implicaban en las tareas europeas con fervor inesperado para los veteranos euroescépticos. Frente al cheque por cheque de la primera ministra británica, Margarita Thatcher, empeñada de modo obsesivo en recuperar el suyo, el presidente del Gobierno español, Felipe González, prefería planteamien tos europeos en los que encontraran soluciones favorables los problemas de nuestro país. Ese esquema permitía en Edimburgo en 1992 la puesta en marcha de los fondos de cohesión, que tanto han beneficiado a España. La Unión Europea se convirtió en un ámbito de cooperación de máxima relevancia para la lucha contra la banda terrorista ETA mediante la comunitarización de las políticas de Justicia e Interior y la adopción y puesta en marcha de la euro-orden, que da respuesta eficaz a quienes delinquen. Otra iniciativa del presidente González se plasmó en la “ciudadanía europea”, que se añadía a la propia de los naturales de cada país miembro.
En estos treinta años cambiaban, no sin dificultades para unos y ventajas para otros, los parámetros de la agricultura española bajo el paraguas de la Política Agraria Común (PAC); surgían beneficiarios dispuestos a sembrar subvenciones pero también se alzaban quejas por la cuota lechera o el olivar. La pesca quedaba incluida en la Europa Azul. Nos ponían cuotas a la captura de las merluzas, aunque Bruselas terminaba por reconocer que consumíamos aún mayor proporción de las que capturábamos, ya que nuestra dieta es la más rica en pescado después de la de los japoneses y triplicaba el promedio de la comunitaria. Aprendíamos a observar las obligadas paradas biológicas y ensayábamos el juego limpio con las artes de pesca. Se reparaba nuestro déficit en infraestructuras viarias, en ferrocarriles de alta velocidad, en dotaciones municipales y en Investigación y Desarrollo.
Desmantelábamos industrias sólo perdurables con la inyección de subsidios públicos en siderurgia o construcción naval. Se internacionalizaba la empresa española en proporciones impensables. Atraíamos la inversión extranjera y nos lanzábamos a invertir fuera sin limitarnos a Iberoamérica. Se difundía la enseñanza de idiomas. El programa Erasmus hacía salir a nuestros universitarios y favorecía que vinieran a España los de otros países. Nos embarcábamos en los proyectos más ambiciosos en Política Exterior y Defensa, nos comprometíamos con la Fuerza de Intervención Rá pi da y el Eurocuerpo y nos implicábamos en las empresas aeronáuticas para competir en la aviación comercial, de transporte o militar, como el Eurofighter o el Eurocopter. Aparecíamos entre los fundadores de la moneda única el 1 de enero de 2001, con cesión de ese atributo básico de soberanía al Banco Central Europeo y re nuncia al control de cambios, a las devaluaciones que frenan el consumo y fomentan las exportaciones y a la fijación de los tipos de interés.
Ciudades como Madrid, Santiago de Compostela, Salamanca o San Sebastián merecían su designación como capitales europeas de la Cultura. Enviamos comisarios al colegio de Bruselas y representantes al Banco Central Europeo. Se sucedían tres presidentes españoles en el Parlamento –Enrique Barón (1989), José María Gil Robles (1997) y Josep Borrell (2004)– y llegaba a presidir el Tribunal de Justicia de Luxemburgo Gil Carlos Rodríguez Iglesias. Quedan para el recuerdo prestigioso los nombres de Manuel Marín; Abel Matutes; Marcelino Oreja; Loyola de Palacio, a quien deberemos el proyecto Galileo; Pedro Solbes, que puso en marcha el euro; Joaquín Almunia, guardián de la disciplina económica; o Javier Solana, secretario general del Consejo y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, que lanzó la Política Europea de Seguridad y Defensa.
Europa ha sido una causa común compartida por todas las fuerzas políticas del área parlamentaria de la derecha, centro e izquierda. Nadie ha izado la bandera del euroescepticismo ni formulado invocaciones nacionalistas para reclamar la retirada de la Unión Europea. Cuestión distinta es la erosión que se observa en el europeísmo militante como consecuencia de atribuir a Bruselas las exigencias más impopulares y restar visibilidad a las ayudas y ventajas que de allí provienen. La fe en el proyecto ha decaído también a consecuencia de la crisis y de las dudas sobre el modelo social europeo que tanta admiración despertaba y ahora ha pasado a ser considerado un lastre.
La exposición aquí compendiada revisa una andadura que ha permitido a los españoles sumarse, desde junio de 1985, veintiocho años después, al proyecto iniciado a la altura de 1957 en Roma, a cuyas puertas cubiertas de rocío pasamos muchas noches de muy oscuros inviernos políticos, económicos y sociales. Quiere decírselo a ustedes con fotografías que marcaron el itinerario de nuestra vuelta a la Europa de cuyo corazón –en cuanto a proyectos y decisiones– habíamos estado ausentes. Vale.
