Por William Horsley, presidente de AEJ UK
La Plataforma para la Seguridad de los Periodistas es el primer mecanismo de rendición de cuentas a escala continental del mundo para supervisar, informar y proteger la seguridad de los periodistas, basado en un acuerdo mutuo entre los 46 Estados del Consejo de Europa y 15 grupos de defensa de la libertad de prensa y organizaciones periodísticas de confianza. Algunos gobiernos europeos se muestran incómodos o críticos, pero la Plataforma se puso en marcha hace 11 años con el consentimiento de los Estados miembros, y ha logrado tender puentes sobre la brecha que a veces enfrenta abiertamente a los gobiernos nacionales con los medios independientes y las organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
El informe anual recientemente publicado por las organizaciones asociadas a la Plataforma, En el punto de inflexión: Libertad de prensa 2025, ofrece una visión excepcionalmente bien informada del estado de la libertad de los medios en Europa, incluyendo respuestas políticas positivas a los principales problemas identificados y recomendaciones de nuevas acciones dirigidas a los gobiernos nacionales, el Consejo de Europa y la Unión Europea.
El proyecto es fruto de una revolución cultural y de un cambio profundo —impulsado por la presión de los actores del sector mediático y de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa— que ha pasado de centrarse principalmente en la emisión de directrices no vinculantes (soft law) para los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los medios, a movilizar esfuerzos para lograr que esas normas se apliquen en las leyes y prácticas de los Estados.
Hasta la fecha, los socios han publicado más de 2.300 alertas verificadas sobre libertad de prensa, que abarcan amenazas graves como la violencia física, el acoso legal abusivo, la detención arbitraria, la impunidad judicial y otros actos que socavan la libertad e independencia de los medios.
Obligaciones positivas de los Estados
Esta movilización se basa en el concepto jurídico de las “obligaciones positivas” de los Estados, desarrollado a partir de sentencias históricas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en casos como el asesinato en 2007 del escritor y periodista Hrant Dink en Turquía. Estas obligaciones exigen a las autoridades estatales adoptar medidas de protección eficaces cuando un profesional de los medios se enfrenta a amenazas conocidas de violencia; y, cuando tales ataques se producen, llevar a cabo investigaciones rápidas, imparciales y efectivas para llevar a los responsables ante la justicia.
Los Estados también tienen el deber general de establecer un entorno seguro y favorable para que los periodistas puedan desempeñar su trabajo sin miedo ni interferencias indebidas, una directriz recogida en numerosas resoluciones de la ONU y textos internacionales. El mecanismo de la Plataforma se beneficia de los foros de diálogo constructivo del Consejo de Europa, incluidos encuentros presenciales con el Comité de Ministros (el máximo órgano de decisión) y los intercambios escritos relacionados con las alertas, en los que los socios reclaman medidas correctoras como la derogación de leyes perjudiciales, la prevención de demandas abusivas (SLAPP) y el fin de los intentos arbitrarios de obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
Otro “factor X” es la presión informal entre pares que los Estados miembros más comprometidos pueden ejercer sobre gobiernos reticentes para que cumplan las obligaciones derivadas del Estatuto del Consejo de Europa y de las sentencias del tribunal. Un llamado “Grupo de Amigos” —una agrupación voluntaria de Estados miembros comprometidos públicamente con la defensa de la libertad de los medios— ha crecido hasta incluir a dieciocho países.
¿Está funcionando?
La base de datos de la Plataforma, con más de 2.300 alertas, es un recurso extraordinario para seguir tendencias y evaluar el desempeño relativo de los Estados miembros, así como para orientar respuestas políticas informadas. Sin embargo, solo una de cada cinco alertas en estos 11 años ha dado lugar a medidas correctoras adecuadas por parte de los gobiernos que hayan permitido declarar los casos como “resueltos”. Esto es claramente insuficiente. El año pasado se produjo un deterioro acusado de las condiciones para los profesionales de los medios en Azerbaiyán, Georgia y Serbia, lo que contribuye a un panorama más sombrío. A finales de 2025, 148 periodistas estaban detenidos en siete países europeos, y en 51 casos documentados de periodistas asesinados por su trabajo, los responsables no han sido llevados ante la justicia.
El informe anual presenta pruebas contundentes de que los Estados utilizan la intimidación, el espionaje, la represión transnacional, leyes vagas y de amplio alcance, y la privación sistemática de libertad como herramientas para controlar y restringir a los medios libres. Menos de la mitad de las más de 330 alertas publicadas el año pasado recibieron siquiera una respuesta escrita por parte del gobierno afectado.
En 2023 comenzó otra iniciativa destacada: una campaña de cinco años liderada por el Consejo de Europa, Journalists Matter, destinada a movilizar el apoyo público a la seguridad de los periodistas y a la libertad legítima de los medios mediante la implicación de todos los sectores de la sociedad. Más de la mitad de los 46 Estados miembros han creado comités nacionales que reúnen a actores estatales y no estatales para impulsar la campaña, y una docena ha puesto en marcha planes de acción con compromisos públicos que incluyen reformas políticas y mecanismos de protección.
Un estudio intermedio sobre el impacto de la campaña mostró un panorama mixto, pero una “creciente conciencia entre los responsables políticos de la necesidad de acciones sistémicas”, así como una voluntad generalizada de comprender o replicar iniciativas exitosas como Persveilig en los Países Bajos, que coordina la acción de la policía, los fiscales, los editores y los periodistas para hacer frente a la violencia y la agresión contra los profesionales de los medios.
Una declaración de fe
El trabajo de la Plataforma constituye una poderosa declaración de confianza en el sistema del Convenio Europeo y, por extensión, en el derecho internacional en una época de “política de demolición” y de descrédito público hacia los tribunales internacionales. Las alertas de la Plataforma se basan en la jurisprudencia consolidada del tribunal de Estrasburgo, que ha demostrado reiteradamente su valor como protección frente a los abusos del poder estatal. Han proporcionado a cientos de periodistas un medio para impugnar actos arbitrarios de discriminación o de negación de sus derechos.
El Consejo de Europa actuó con rapidez para defender los valores civilizatorios europeos al expulsar a Rusia pocas semanas después de su invasión ilegal de Ucrania en 2022. Además, su experiencia en políticas públicas ayudó a la Unión Europea a adoptar directivas vinculantes contra las demandas abusivas (SLAPP) y la Ley Europea de Libertad de los Medios.
El gobierno del Reino Unido podría haber hecho bien en atender las recomendaciones del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Michael O’Flaherty, quien el año pasado le instó a revisar la legislación sobre protestas tras las detenciones masivas en manifestaciones contra la prohibición de Palestine Action. Este año, el Tribunal Superior del Reino Unido dictaminó que dicha prohibición era ilegal.
Mirando al futuro
El nuevo conjunto de recomendaciones de los socios reclama medidas decisivas para combatir el acoso legal, proteger los medios de servicio público, contrarrestar la captura de los medios y priorizar la protección de las mujeres periodistas. Señalan una brecha creciente entre los compromisos públicos y la protección efectiva, y piden liderazgo político al más alto nivel para que las promesas verbales se traduzcan en acciones medibles.
El amplio alcance de la Plataforma y sus detallados registros durante más de una década constituyen un recurso único y accesible tanto para las autoridades estatales como para los actores del sector mediático. Este informe sirve tanto para poner de manifiesto el uso brutal del poder judicial y policial para asfixiar a los medios independientes en Bakú, Tiflis y Belgrado, como para centrar de nuevo la atención en la persistente impunidad en torno a asesinatos no resueltos, entre ellos los de Daphne Caruana Galizia en 2017, Jan Kuciak en 2018 y Giorgos Karaivaz en 2021.
Con motivo de la publicación del informe, la periodista azerí Gunel Safarova declaró: “La solidaridad [con los periodistas duramente reprimidos] debe ser concreta y valiente. Si se ignora, no solo sufrirán las poblaciones de países como Azerbaiyán, sino que todo el marco europeo de derechos humanos estará en peligro”.
Este artículo se basa en la intervención de William Horsley en el Foro de Libertad de los Medios del Reino Unido celebrado en City St George’s University, Londres, los días 5 y 6 de marzo.
