La AEJ se ha sumado a la declaración coordinada por el IPI en el marco de la Media Freedom Rapid Response (MFRR), un mecanismo a escala europea que rastrea, supervisa y responde a las vulneraciones de la libertad de prensa y de los medios en los Estados miembros de la UE y países candidatos, ante la preocupante situación de la financiación de los medios públicos checos.
Un nuevo proyecto de ley del Gobierno, que reformaría el modelo de financiación de los medios públicos checos, corre el riesgo de debilitar financieramente a los organismos de radiodifusión, erosionar las salvaguardas de su independencia financiera y vulnerar la Ley Europea de Libertad de los Medios (EMFA), advierten hoy las organizaciones firmantes de la MFRR, junto con otras entidades de defensa de la libertad de los medios, periodistas y libertad de expresión.
Nuestras organizaciones instan a la Comisión Europea a evaluar detenidamente este proyecto de ley en relación con su compatibilidad con el artículo 5 de la EMFA y a garantizar que no se emprendan reformas que amenacen la independencia financiera, editorial o institucional de los medios públicos checos.
El 14 de abril, el ministro de Cultura checo, Oto Klempíř, presentó el nuevo proyecto de ley, que modifica de manera sustancial el modelo de financiación de la Televisión Checa (ČT) y la Radio Checa (ČRo). La propuesta eliminaría el actual sistema de canon, lo sustituiría por financiación directa con cargo a los presupuestos del Estado y reduciría de forma significativa los fondos destinados a ambos organismos.
Según la propuesta, la financiación se fijaría en una cantidad establecida y se ajustaría anualmente en función de la inflación, con un límite máximo del 5 %, mientras que ambas instituciones quedarían bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Cuentas. De acuerdo con el texto, las dos entidades no se fusionarían —en contra de anuncios previos— y sus consejos de supervisión permanecerían sin cambios.
ČT recibiría 5.700 millones de coronas checas (233 millones de euros) anuales del Estado, frente a los aproximadamente 6.700 millones de coronas (274 millones de euros) procedentes del canon, mientras que la financiación de ČRo pasaría de 2.500 millones de coronas (102 millones de euros) a algo más de 2.000 millones (82 millones de euros), revirtiendo en la práctica la subida del canon introducida por el anterior Gobierno.
Aunque el Ejecutivo apunta a modelos de financiación similares en otros países de la UE, ČT y ČRo se han opuesto firmemente al plan, advirtiendo de que abriría la puerta a “incertidumbre jurídica, presiones externas y debilitamiento de la autonomía editorial”.
Una propuesta parlamentaria independiente, anunciada el 21 de abril, prevé eximir del pago del canon a los mayores de 75 años y a las empresas con menos de 50 empleados a partir de finales de 2026, como paso transitorio hacia su supresión. Sin embargo, los detalles de este proyecto secundario siguen sin estar claros debido a la falta de acuerdo dentro de la coalición gobernante.
Nuestras organizaciones lamentan que el proyecto de ley se haya elaborado sin una consulta adecuada con ČT y ČRo, ni con expertos en medios, actores de la sociedad civil o grupos internacionales de defensa de la libertad de prensa. El primer ministro Andrej Babiš y sus socios de coalición se comprometieron, antes de su reelección, a fusionar ČT y ČRo y sustituir el canon por financiación directa estatal. Estas propuestas se enmarcan en una actitud previa de hostilidad hacia los medios públicos por parte de Babiš y en intentos de anteriores gobiernos liderados por ANO de debilitar las garantías que protegen su independencia.
ČT y ČRo son considerados en Europa Central modelos de radiodifusión pública de calidad. Durante más de tres décadas han sido medios de referencia, con algunas de las mayores audiencias del país. El sistema de canon, ampliamente percibido como eficaz y bien consolidado en la República Checa, ha sido una garantía clave de su sostenibilidad financiera y de su independencia editorial.
Por ello, nuestras organizaciones temen que la motivación de los cambios propuestos sea debilitar la independencia financiera y editorial de estos medios y comprometer su capacidad para cumplir su función de servicio público.
El artículo 5 de la Ley Europea de Libertad de los Medios exige a todos los Estados miembros de la UE, incluida la República Checa, que los procedimientos de financiación de los medios públicos “se basen en criterios transparentes y objetivos establecidos de antemano” y que los organismos dispongan de “recursos financieros adecuados, sostenibles y previsibles acordes con el cumplimiento y desarrollo de su misión de servicio público”.
Nuestras organizaciones instan a la Comisión Europea a vigilar de cerca la evolución de este asunto, examinar el proyecto de ley a la luz del artículo 5 de la EMFA y pedir a las autoridades checas que se abstengan de introducir cambios en el sistema de financiación que debiliten o erosionen la independencia financiera, editorial o institucional de los medios públicos.
Los cambios propuestos constituyen una prueba crucial para las salvaguardas de la EMFA en materia de independencia de los medios públicos. La UE debería emplear todos los instrumentos a su alcance para evitar que las autoridades checas desestabilicen estos medios y aumenten el control gubernamental sobre ellos.
Firmado:
- International Press Institute (IPI)
- European Federation of Journalists (EFJ)
- Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa (OBCT)
- European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF)
- Free Press Unlimited (FPU)
- ARTICLE 19
- Index on Censorship
- South East Europe Media Organisation (SEEMO)
- Association of European Journalists (AEJ)
- PEN International
- Public Media Alliance (PMA)
- European Broadcasting Union (EBU)
- Reporters Without Borders (RSF)
- IPI National Committee in the Czech Republic (CZ IPI)
- Syndikat novinaru Ceske republiky
Esta declaración fue coordinada por el IPI en el marco de la Media Freedom Rapid Response (MFRR), un mecanismo a escala europea que rastrea, supervisa y responde a las vulneraciones de la libertad de prensa y de los medios en los Estados miembros de la UE y países candidatos.
